El impuesto al patrimonio ha sido una fórmula utilizada ampliamente por la humanidad a lo largo de su historia tributaria. Vale mencionar también a los impuestos sobre la propiedad como una suerte de subespecie dentro de esta categoría, pues grava un aspecto específico del patrimonio: la(s) propiedad(es). 

Lo cierto es que, en el panorama global, este tipo de fórmulas han ido perdiendo popularidad con el paso del tiempo. ¿La razón? La doctrina tributaria internacional se ha inclinado a considerar (con buena razón) que la causa económica de la tributación necesariamente debe ser la renta. Esta afirmación parte de la premisa que gravar directamente al patrimonio supone un grave riesgo de romper con el principio de “no confiscatoriedad” de la tributación. 

Como mecanismo de control a la tributación y preservar la noción de “justicia” del tributo, existe una gran cantidad de principios y correspectivos derechos (de los contribuyentes) que la limitan. Uno de los más esenciales es aquel de la capacidad económica, capacidad que típicamente se manifiesta a través de la renta. Gravar más allá de la renta, ergo, de la capacidad contributiva, no solo es una manifiesta violación a un principio –rectius, derecho- fundamental, sino que disminuye progresivamente la capacidad de contribuir del sujeto, empobreciéndolo y, a su vez, disminuyendo los ingresos del Estado. 

En un ejemplo sencillo: 

• Supongamos que “A” es un taxista cuyo patrimonio es está compuesto por un taxi y un pequeño apartamento en el que vive. Su patrimonio total equivale a 100 Bs., 50Bs. el taxi y 50 Bs. el apartamento. 

• Este año “A” generó un ingreso de 10 Bs. Sin embargo, de esos ingresos deberá sacar dinero para hacer reparaciones a su taxi, gastos del hogar, etc. En total, debe gastar 8 Bs. 

• Supongamos que existe un impuesto sobre el patrimonio que, específicamente, impone un gravamen de 5 Bs. sobre la tenencia de un inmueble. 

• Ineludiblemente, para evitar incurrir en sanciones o multas, “A” paga el impuesto. Esto hace que se quede sin dinero para los demás gastos, como aquellos del hogar. “A” se ve obligado a vender su taxi para poder costear comida y otros elementos fundamentales. 

• Para el siguiente periodo impositivo, el patrimonio no solo se encuentra reducido considerablemente, sino que “A” no generó ningún ingreso luego de vender su sustento de vida (el taxi). Sin embargo, nuevamente, debe pagar 5 Bs. por el impuesto al patrimonio. 

En este sencillo caso, es bastante obvio como el impuesto atenta contra la capacidad contributiva del sujeto, así como el carácter confiscatorio en el que incurre. Caso muy distinto sería si en vez de hablar de un impuesto sobre el patrimonio, pensáramos en un impuesto proporcional sobre la renta (por ejemplo), que aprecie elementos como los gastos o un “ingreso mínimo vital”. 

Queda evidenciado también que eventualmente el Estado va a perder ingresos, porque ese patrimonio se va a agotar. Estos son los grandes peligros de gravar el patrimonio. 

El Impuesto a los Grandes Patrimonios venezolano 

Para “mitigar” este tipo de incidencias, muchos ordenamientos han diseñado impuestos sobre el patrimonio con ciertas limitaciones. En el caso venezolano, este tipo de gravamen lo vemos materializado en el ámbito nacional como “Impuesto a los Grandes Patrimonios” o IGP. 

El IGP encuentra una aplicación limitada a los Sujetos Pasivos Especiales (SPE), ya que el ordenamiento presume que son estos quienes “mayor” capacidad contributiva poseen. Además, establece un límite mínimo de 150.000.000 UT a partir del cual puede causarse este tributo. Por si todavía no queda claro el riesgo de este tipo de tributos, la alícuota es bastante “reducida”, oscilando de 0,25% hasta el 1,5% del patrimonio neto. 

Aclaramos, ninguno de estos límites es garantía de que no pueda infringirse el principio de capacidad contributiva, simplemente denotan su orientación a mitigar los efectos. La ley prevé, también otros mecanismos de “protección”, los mencionados son solo ejemplo. 

El impuesto al patrimonio es un tipo de tributo que debe ser evaluado siempre con moderación y cuidado. En el caso del IGP venezolano, cuestiones como la oportuna valoración de la UT o la correcta configuración de los requisitos para ser SPE, son asuntos medulares que deben tenerse en cuenta. 

¿Quieres conocer más sobre el IGP? ¡Visita nuestra página dedicada! 

¿Quieres aprender más sobre temas tributarios, contables, laborales, y de ciberseguridad? ¡Te invitamos a conocer nuestra sección de webinars gratuitos y visitar nuestras redes sociales! 

La entrada El impuesto al patrimonio y el caso del IGP venezolano se publicó primero en Gálac: Soluciones Financieras, Tributarias y Laborales en Venezuela.

Los deberes tributarios devienen de la idea de que todos debemos contribuir con las cargas públicas, es decir, con todos los gastos que son comunes para todos. Por ejemplo: vialidad, seguridad, infraestructura pública, etc. Sin embargo, esta obligación no es arbitraria ni igual para todos, pues aquí es donde entra el principio de capacidad contributiva. 

Nuestra constitución establece en su artículo 133: 

“Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley.” 

Es de este mandato que nace la obligación de pagar impuestos, pero a su vez debe ser interpretado conjuntamente con el artículo 316: 

“El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad […].” 

Esto porque, si bien es cierto que debemos contribuir con las cargas públicas, no significa que debemos hacerlo de la misma manera o cantidad. El motivo es sencillo: no todos tenemos la misma capacidad para contribuir. 

Capacidad: aptitud para ser sujeto de derechos u obligaciones (Diccionario Panhispánico del Español Jurídico). 

Supongamos un caso hipotético: una madre soltera con múltiples hijos y dependiente económicamente de sueldo mínimo no puede aportar dinerariamente lo mismo que un empresario. Por esta razón, ningún impuesto puede ir en menosprecio de tu capacidad para contribuir, o (visto de otra forma) ningún impuesto puede obligarte a pagar lo que no tienes. 

¿Cómo se determina la capacidad? 

Esencialmente, hay dos formas de determinar la capacidad contributiva, una “presuntiva” y otra “analítica”. 

• Presunta: parte de una presunción, es decir, supone su existencia como consecuencia de un hecho. Por ejemplo: en el caso del IVA, la compra de un bien gravado supone la existencia de capacidad suficiente para pagar el impuesto. 

• Analítica: requiere un análisis de las condiciones del contribuyente para determinar de forma exacta esa capacidad. Por ejemplo: para determinar el ISLR a declarar y pagar, se deben verificar las remuneraciones o ingresos percibidos contra los costos desgravámenes (cuando sean aplicables). 

¿Puedes utilizar este principio para defenderte de fiscalizaciones? 

¡Sí, absolutamente! Como ya te mostrábamos, el principio de capacidad contributiva es un pilar fundamental del sistema tributario. Al menos en teoría, ningún impuesto te debería quitar lo que no tienes. En consecuencia, la ausencia de capacidad hace inaplicable el impuesto. 

¡Ojo! Es importante no confundir el pago de un impuesto, del pago de una sanción por el no cumplimiento de un impuesto. Este principio no es aplicable para el cumplimiento de una sanción, pues ella es consecuencia de una conducta sancionada, y no de la obligación de contribuir con las cargas públicas. 

¿Quieres aprender más sobre temas tributarios, contables, y laborales? ¡Te invitamos a conocer nuestra sección de webinars gratuitos y visitar nuestras redes sociales! 

La entrada ¿Para qué sirve el principio de capacidad contributiva? se publicó primero en Gálac: Soluciones Financieras, Tributarias y Laborales en Venezuela.